SIRUSA (Servei d'Incineració de Residus Sòlids Urbans de Tarragona, S.A.) es la empresa explotadora de las instalaciones de la planta de valorización energética y está participada en un 95% per la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona y en un 5% por la sociedad AVANÇA de la Generalitat de Catalunya..
Como empresa pública, SIRUSA se ha planteado desde el principio ofrecer el servicio sobre la base de la responsabilidad en el trabajo y hacia la sociedad con un trabajo y gestión eficientes, a la vez que de compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, que avala la ISO 14001 conseguida el año 2013 y revalidada anualmente.
La estrategia de SIRUSA se fundamenta en los siguientes principios:
Actualmente SIRUSA da servicio a los municipios de las 3 comarcas que integran el Camp de Tarragona. En total son alrededor de 584.660 (Font: IDESCAT, 2010) los ciudadanos que se benefician de la valorización energética, los cuales representan un 60% de la población de la provincia de Tarragona.
Organización
SIRUSA cuenta con un Consejo de Administración, integrado por los alcaldes de los municipios propietarios y de la sociedad AVANÇSA, de la Generalitat de Catalunya. El Consejo es el principal órgano de gobierno de la empresa. Anualmente aprueba las cuentas y los presupuestos del ejercicio.
El Consejo es el principal órgano de gobierno de la empresa.
La empresa está organizada en función de la especialización de las diferentes tareas a realizar. En general son tareas profesionales habituales en un entorno industrial. El equipo humano de SIRUSA está integrado por unas 35 personas.
La adecuación constante de los perfiles de los puestos de trabajo a la realidad y las necesidades de la planta, juntamente con el compromiso de la dirección por la mejora constante de las condiciones laborales, dan a la organización un ambiente de estabilidad.
Mancomunidad
La Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona, entitat propietaria de la planta incineradora constituida el 1989, está formada por los ayuntamientos de Cambrils, Constantí, la Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca.
La Mancomunitat gestionó la construcción de la planta y su financiación (acuerdo de agosto de 1989), así como las subvenciones económicas de fuentes diversas (FEDER, Generalitat de Catalunya, Diputación Provincial y Ministerio d'Indústria).