La Mancomunidad de Incineración de Residuos Urbanos del Camp de Tarragona, entidad propietaria de la planta incineradora, fue constituida en 1989. Está integrada por los ayuntamientos de Cambrils, Constantí, La Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Valls y Vila-seca , y desde enero del año 2013 cuenta con la participación de la Generalitat de Catalunya a través del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), en sustitución de la administración española que participaba mediante el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético).

La Mancomunidad gestionó la construcción de la planta y su financiación (acuerdo de agosto de 1989), así como las subvenciones económicas de fuentes diversas (FEDER, Generalidad de Cataluña, Diputación Provincial y Ministerio de Industria).